Ley 21.309 · Reforma Ya
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Campaña ciudadana — Ley 21.309

El cáncer no espera 514 días.

En Chile, menos del 5% de quienes mueren de cáncer cada año logra retirar, antes de morir, la plata que ahorraron toda su vida en su AFP. No pedimos un favor del Estado. Pedimos que dejen de interponer trámites entre una persona que se está muriendo y su propio dinero.

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<5%
de quienes mueren de cáncer al año en Chile logra acceder al retiro de la Ley 21.309
514 días
demora en promedio el sistema público solo en dar una consulta de especialista y una cirugía
10 días
hábiles para entregar el certificado a la AFP — si no llega, la solicitud se rechaza sola
39–47%
sobrevida a 5 años en cáncer colorrectal con Fonasa, frente a 65–68% con Isapre
Esto no es un ejercicio académico

Nuestra vecina Maricarmen enfrentó una enfermedad terminal. Falleció a los 49 años sin lograr acceder a este derecho — no porque la ley no existiera, sino por las trabas del trámite y la falta de información. Esta campaña nace de su historia, y de la de miles de familias que nunca llegan a tiempo.

¿Por qué casi nadie la usa?

01
El trámite depende de un médico que no tienes
Para certificarte necesitas un médico tratante que te conozca. El sistema público demora en promedio 514 días solo en darte esa primera hora.
02
Si te demoras 10 días, empiezas de nuevo
El certificado debe llegar a la AFP en 10 días hábiles o la solicitud se rechaza automáticamente. No se pausa. Se cae.
03
El dinero que no cobras deja de ser tuyo
Si falleces antes de completar las 12 cuotas, el saldo pasa a tu familia por otra vía — no se te sigue pagando a ti.

Lo que exigimos

1
Adelantar el umbral de acceso. Permitir el retiro desde el diagnóstico de cáncer en etapa avanzada, no solo con pronóstico de vida menor a 12 meses.
2
Certificación alternativa. Para quienes todavía no tienen un médico tratante consolidado, por llevar meses en lista de espera.
3
Coordinación automática con la Ley de Cuidados Paliativos Universales, para que pedir el dinero también active el acompañamiento médico y psicológico.
4
Transparencia total. Que la Superintendencia de Pensiones publique, en datos abiertos, cuántas personas acceden, cuánto demoran y cuánto llegan a cobrar.
5
Una campaña pública de difusión, para que ninguna familia se entere de este derecho demasiado tarde — o no se entere nunca.

El próximo diagnóstico podría ser el de alguien que conoces.

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